El gobierno de Javier Milei, a través de un decreto, puso el plazo de 180 días para la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas, complejos ubicados en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro, clave en la generación y distribución de energía en todo el país.
Las centrales que quedaron afectadas por la decisión publicada esta mañana en la norma firmada por el Presidente, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, son: Alicuará, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
El decreto 718/2024 indica que en dentro de seis meses la Secretaría de Energía “llamará a concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cada una de esas sociedades.
La mayoría de las concesiones de esas plantas se otorgaron el año pasado y lo que hace la media publicada en el Boletín Oficial es ratificar los plazos de explotación, darle continuidad a las operaciones y generar las condiciones para un nuevo concurso público.
En la actualidad, los complejos hidroeléctricos están en manos de las siguientes empresas: Orazul Energy administra Cerro Colorados, ENEL Generación hace lo mismo con El Chocón-Arroyito; AES SA explota la central de Alicurá, y Central Puerto SA concesiona Piedra del Águila.
El decreto aclara que esas centrales -claves en la conversión de energía eléctrica para luego ser distribuida en la red que llega a hogares, industrias y otros sectores- fueron transferidas al sector privado y que en la actualidad se encuentran vencidos y en período de transición.
El proceso de concesión durante los últimos años estuvo a cargo de Enarsa (Energía Argentina NA) como NASA (Nucleoelétrica Argentina SA) y en esta oportunidad volverán a estarlo. La diferencia es que esta vez, esas dos compañías estatales entraron en el paquete de la Ley Bases como empresas a privatizar. Con lo cual, ya no habrá organismo del Estado especializado en el tema que vigile los criterios de la nueva privatización.
Los criterios quedarán determinados por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, que oficiarán como autoridades de aplicación, según indica el decreto publicado esta mañana.
